Para que no fuese público, el régimen citó razones de 'seguridad nacional', por lo que solo asistirán al juicio las partes y las personas autorizadas por el Tribunal.
De acuerdo con el informe de la Fiscalía, el caso penal contra Gil Fernández incluye, entre otros, los delitos de espionaje, evasión fiscal, tráfico de influencias, lavado de activos y daño de documentos u otros objetos en custodia oficial.