El Tribunal Supremo Popular (TSP) de La Habana rechazó una apelación presentada a inicios de abril y reafirmó que el artivista y preso político Luis Manuel Otero debe seguir en prisión hasta el 9 de julio próximo.
Según el reporte de Cubalex este martes, organización que desde marzo ha llevado a cabo acciones legales para su liberación, la decisión del TSP se fundamenta en que no se le aplicaron rebajas de sanción por concepto de buena conducta.
Para Cubalex, a pesar del rechazo, "este proceso podría sentar un precedente relevante para futuras acciones legales en Cuba. La admisión del recurso por parte del Tribunal Supremo abre una vía que podría ser utilizada por otras familias y personas privadas de libertad por motivos políticos, consolidando el Habeas Corpus como una herramienta jurídica clave en la defensa frente a detenciones arbitrarias".
En este mismo sentido, en marzo pasado, la Sala Primera de lo Penal del Tribunal Provincial Popular de Artemisa rechazó un Habeas Corpus presentado a favor de Otero Alcántara y eso por ello que se acudió al Tribunal Supremo.
La institución rechazó la solicitud por supuesta 'falta de competencia', lo cual fue rebatido posteriormente por el TSP, al admitir la tramitación del recurso y su apelación.
Cubalex presentó dicho recurso por considerar que el preso político ya cumplió la totalidad de su sanción y que debe quedar libre.
El recurso se presentó ante el Tribunal Provincial Popular de Artemisa con el objetivo de impugnar la legalidad de su actual privación de libertad.
De acuerdo con la organización, la sanción impuesta ya se encontraría extinguida al contabilizarse tanto el tiempo de prisión preventiva, desde el 11 de julio de 2021, como las rebajas de sanción previstas por la legislación cubana.
Explican que el Decreto-Ley 74, reglamento de la Ley de Ejecución, permite aplicar rebajas de hasta 60 días por cada año cumplido de sanción en caso de buena conducta.
Otero Alcántara es uno de los encarcelados por las manifestaciones antigubernamentales de julio de 2021 en la isla y fue condenado a cinco años de cárcel.
Amnistía Internacional lo ha reconocido como preso de conciencia, y organizaciones internacionales como Human Rights Watch (HRW) y PEN International han exigido su liberación inmediata.